Toda la actualidad del narco en México pasa por Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York pidió este jueves que Genaro García Luna, zar antidrogas del Gobierno de Felipe Calderón, sea sentenciado a cadena perpetua y al pago de una multa de cinco millones de dólares por los delitos de tráfico de cocaína, delincuencia organizada y falsedad de declaraciones el próximo 9 de octubre. Está previsto que Ismael El Mayo Zambada pise ese mismo tribunal y comparezca ante el mismo juez tres semanas más tarde, el 31 de octubre. Trescientos kilómetros al sur, en Washington, un jurado ya delibera sobre el veredicto de Rubén Oseguera El Menchito, hijo de Nemesio Oseguera El Mencho, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Y antes de que termine este mes, Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, está llamado a la corte en Chicago, después de semanas de especulaciones sobre su paradero. Mientras la ofensiva judicial avanza por varios frentes en territorio estadounidense, Sinaloa arde desde hace 10 días, atrapada en la peor guerra de carteles en más de una década. Andrés Manuel López Obrador afirmó que EE UU es “corresponsable” de la ola de violencia que azota al Estado, bastión histórico del Cartel de Sinaloa, por llevar hasta las últimas consecuencias sus intentos por capturar a El Mayo.

“Es difícil exagerar sobre la magnitud de los crímenes del acusado, las muertes y adicciones que facilitó, y su traición al pueblo de México y Estados Unidos”, se lee en el último memorando que enviaron los fiscales del caso contra García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y arquitecto de la guerra contra las drogas. “Sus crímenes exigen justicia”, agrega la Fiscalía para convencer al juez de que el exfuncionario debe pasar el resto de su vida en prisión. Esta misma semana, sus abogados hicieron pública una carta en la que acusa a López Obrador de tener vínculos con el Cartel de Sinaloa y empujar la reforma judicial para “beneficiar a los criminales”. García Luna también reveló que las autoridades de Estados Unidos le ofrecieron una sentencia reducida a cambio de delatar a otros políticos y empresarios de México, lo que ha vuelto a encender el debate sobre una posible negociación después de que se le dicte sentencia.

López Obrador aseguró que la carta del exfuncionario, su primer pronunciamiento público de puño y letra desde que fue declarado culpable en febrero del año pasado, es una muestra de “desesperación” y exigió que presente las pruebas para sostener las acusaciones en su contra. La confrontación entre el presidente y el exsecretario se reactivó a la luz de que se acerca la audiencia de sentencia en la corte de Brooklyn, con un cruce de declaraciones que tomó por sorpresa a la defensa de García Luna, que ha tenido poco contacto con su cliente en los últimos meses. Sus abogados han adelantado que van a apelar la condena, que será de mínimo 20 años de cárcel.

La caída de García Luna, el exfuncionario mexicano de más alto rango que ha pisado un tribunal de Estados Unidos, ha ganado reflectores por su simbolismo, pero no es el frente que más preocupa al Gobierno de López Obrador. La inesperada captura de El Mayo el pasado 25 de julio en Nuevo México sigue haciendo olas al sur de la frontera, con un enfrentamiento abierto entre la gente de Zambada y Los Chapitos por el control del Cartel de Sinaloa que ha sembrado el caos en Culiacán y otros municipios aledaños. Alrededor de 50 personas han sido asesinadas en las últimas dos semanas y los detenidos, heridos y desaparecidos también se cuentan por decenas, según cifras oficiales. La venganza por la traición que llevó a la detención del capo, de 76 años, llegó con un retraso de cinco semanas y ahora nadie, ni autoridades ni analistas ni pobladores, se atreve a dar un pronóstico de cuándo terminará la violencia.

El presidente se resiste a reconocer el alcance de la última fractura del Cartel de Sinaloa, pero el terror que reina en el Estado lo ha llevado a ventilar el mayor reclamo que ha hecho contra el Gobierno estadounidense desde la captura de El Mayo. “Se requiere de una explicación, porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, pues se debe a que tomaron esa decisión, y nosotros pues no estamos de acuerdo en que se ignore a México porque aquí tenemos el problema”, afirmó el presidente. “Fue totalmente ilegal”, declaró el mandatario sobre el arresto de Zambada. “¿En qué ayuda a detener el problema de la drogadicción en Estados Unidos?”, cuestionó sobre la estrategia de Washington contra los cabecillas de los carteles, que ha fracasado en frenar los flujos de droga durante décadas, pero sigue en boga. “¿Cómo es que nunca sabemos que haya carteles y capos famosos en Estados Unidos?”, zanjó sobre las presiones hacia México en la mesa bilateral de seguridad.

López Obrador cuestionó también los acuerdos de culpabilidad que Estados Unidos ha promovido para hacer caer a los grandes capos. El juicio contra El Menchito ha sido un desfile de antiguos aliados y enemigos prestos a declarar sobre su meteórico ascenso en el Cartel Jalisco, sus tratos corruptos para evitar la ley y su extenso historial a la sombra de su padre, pese a que solo tiene 34 años. El proceso contra García Luna vio a casi una treintena de testigos que tomaron el estrado, entre ellos más de una decena de criminales convictos. Las miradas de México están puestas en Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín Guzmán López, que establecieron contactos durante años con distintas agencias estadounidenses para negociar una rendición y son los principales sospechosos de orquestar la entrega de El Mayo, según las autoridades mexicanas. “Ellos hicieron un acuerdo y no nos informaron”, dijo el presidente, al subrayar que Estados Unidos no ha sido transparente sobre el arresto de Zambada y responder a los propios cuestionamientos a su política de seguridad, vista con escepticismo en ambos países.

Al margen de la última polémica, la cuestión de fondo es si ambos países tienen la capacidad de mantener una agenda común contra el crimen organizado. El Gobierno de López Obrador ha empujado por un trato de iguales y una admisión de corresponsabilidad en el fenómeno del narcotráfico. La Administración de Joe Biden ha concedido lo primero, entendiendo la necesidad de tener a México como un aliado para contener la migración y el narco, pero el enfoque predominante en la guerra contra las drogas sigue fincando sus esfuerzos más visibles en acabar con la oferta, sin hablar prácticamente de la demanda. Mientras tanto, la epidemia de fentanilo se salda con decenas de miles de estadounidenses muertos cada año.