Hermosillo, Sonora.- Para que los bienes y servicios que adquiera el gobierno, se paguen a un costo razonable, se garanticen las mejores condiciones de precio y calidad, y se favorezca la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs); la Bancada Naranja propuso homologar las Leyes de adquisiciones, arrendamiento y servicios del Estado de Sonora.

La diputada Natalia Rivera a nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó la iniciativa para que haya un sistema homologado de compras y contrataciones gubernamentales aplicable a todas las instituciones que manejan recursos de las y los ciudadanos.

Los artículos 6 de la Constitución Federal y 2 de la Constitución Estatal establecen que todo ente público tiene la obligación de llevar a cabo procesos de compra y contratación abiertos, competitivos, participativos, confiables y cuyo impacto se pueda medir, para poderlo mejorar.

Actualmente existen 122 formas diferentes de venderle productos y servicios al gobierno, existiendo una serie de regímenes de compras especiales en los poderes legislativo, judicial y gobiernos estatales, cada uno de los cuales compra de manera distinta, según señala Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana.

Contar con un solo sistema de adquisiciones disminuirá las barreras de entrada para las empresas de menor tamaño, previniendo así el desorden que culmina en actos que vulneran los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez; aumentará la participación de las MiPyMEs, lo que reducirá costos e incrementará la calidad para el Estado y mejorará la economía local.

 

Esta iniciativa consta de 104 artículos y doce capítulos, que traen como beneficio:

Resolver las principales problemáticas que los expertos han encontrado en los procedimientos de contratación a nivel local, nacional e internacional.

Adopta las mejores prácticas promovidas por organismos de la sociedad civil e instancias internacionales.

Brinda la oportunidad de que el presupuesto destinado a las contrataciones gubernamentales se aplique de conformidad con los principios constitucionales.

Propone una serie de instrumentos, mecanismos y tecnologías para abrir los procedimientos, transparentarlos y hacer que los servidores públicos rindan cuentas no sólo por el ejercicio de los recursos, sino por el resultado de los planes y programas de adquisiciones, así como de cada uno de los contratos que comprometen recursos públicos.