Estados Unidos ha pedido a México que
revise si a los trabajadores de una fábrica de prendas de mezclilla en
Aguascalientes se les está negando el derecho a la libertad de asociación
y negociación colectiva, dijo el lunes la oficina del Representante
Comercial estadounidense.
La titular de la oficina, (USTR, por sus siglas
en inglés), Katherine Tai, informó que la solicitud sobre una planta de
confección propiedad de Industrias del Interior (INISA), que fue fundada
en 1975, constituye la primera queja de derechos laborales de este tipo en el
sector.
Washington ha intensificado las quejas contra
las instalaciones en el país desde que entró en vigencia el acuerdo comercial
entre Canadá, Estados Unidos y México, TMEC, en 2020, incluidos casos que
han allanado el camino para que nuevos sindicatos obtengan mejores
salarios y beneficios.
"Este anuncio demuestra nuevamente el
compromiso de la administración Biden-Harris de utilizar el Mecanismo
Laboral de Respuesta Rápida para salvaguardar los derechos de los
trabajadores y las promesas consagradas en el TMEC", señaló Tai en un
comunicado.
"La acción de hoy destaca el enfoque de
Estados Unidos para garantizar que los trabajadores de todos los sectores
tengan libertad de asociación y derechos de negociación colectiva. Como en
asuntos anteriores, esperamos trabajar en estrecha colaboración con el gobierno
de México para abordar los problemas presentes en este caso", agregó.
La USTR dijo que Tai había instruido a la secretaria
del Tesoro, Janet Yellen, que suspendiera la liquidación final de las cuentas
aduaneras relacionadas con las entradas de mercancías desde la instalación.
El Comité Laboral Interagencial para el
Monitoreo y Cumplimiento recibió una petición el 12 de mayo de una organización
laboral mexicana, el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), y del Sindicato
de Industrias del Interior, que representa a los trabajadores.
Alegó que INISA está coaccionando a los
trabajadores para que acepten las revisiones del contrato colectivo de trabajo
propuestas por la empresa e interviniendo en los asuntos internos del sindicato.
También aduce que la compañía no está negociando de buena fe con la
organización sindical.
El ILC revisó la petición y encontró lo que
llamó "evidencia suficiente y creíble de una denegación de
derechos que permite la invocación de buena fe de los mecanismos de
cumplimiento", dijo la USTR.
La solicitud del USTR concede a México 10
días para aceptar realizar una revisión y luego, si acepta, 45 días para
completarla.
