CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La negativa del gobierno federal a entregar información sobre el caso Ayotzinapa es una violación a la integridad psicológica de las víctimas, afirmó Carlos Beristain, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“La negación de la información no sólo es eso en términos del derecho a la información, de las leyes de transparencia en México o de lo que diga la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”, dijo durante el foro “A nueve años de Ayotzinapa. ¿Qué sigue?, elementos para avanzar hacia la justicia, la verdad y la reparación”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

“Es un ataque a la integridad psicológica de las víctimas, de los familiares; la negación de información, lo que hace es una violación de la integridad psicológica porque la gente lo que necesita para hacer su proceso de asimilar una desaparición forzada -un crimen de una extrema crueldad que no permite nunca que se cierre psicológicamente y que domina la incertidumbre sobre cualquier peso del dolor porque se convierte en una forma de dolor inaguantable que permanece en el tiempo- es la verdad, porque los familiares necesitan la información para poder hacer su proceso”.

Consideró que el exhorto del expresidente Enrique Peña Nieto a los familiares de los normalistas para que aceptaran la verdad histórica es una tortura psicológica.

“Es un proceso de aceptar la muerte de su familiar sin saber la verdad de lo que le sucedió a esa persona”, explicó Beristain.

Añadió que el caso requiere de una respuesta efectiva y encontrar la verdad de lo que ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos.

“Para una sociedad, para unas instituciones quedarse en la negación de la verdad no es en absoluto constructivo y va a traer muchos más problemas, como ya los ha traído hasta ahora. Los ha traído hasta este momento con la llamada verdad histórica”, comentó.

“Duele pensar cómo teniendo tantos elementos a la mano, el caso no se resolvió a las dos o tres semanas, pues tenían los elementos para resolverlo”.

En el encuentro también participaron Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, Zoraida González, titular de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses de la UNAM, y la socióloga Angélica Cuéllar.

Beristain recordó que cuando el GIEI inició sus trabajos en supuesta colaboración con el gobierno federal, al momento de pedir acceso a los militares que estuvieron en los batallones de Iguala la noche de los hechos, recibieron insultos, se les negó la información y después descubrieron que había colusión y omisiones de los elementos castrenses.

Por ello, consideró que en el Estado mexicano no ha habido ética para realmente utilizar las herramientas técnicas y buscar la verdad.

“Este caso va a tener salida, va a tener resolución efectiva en el conjunto de la crisis de desapariciones y de derechos humanos, pero para eso, la verdad tiene que ser más importante que la razón de Estado; también hasta que la verdad sea más importante que la lealtad, y también la verdad tiene que estar por encima de la narrativa que se crea y necesitamos un Estado que esté dispuesto a saber la verdad”, apuntó.