La posible extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hacia Estados Unidos ha abierto un debate jurídico y político de alto nivel sobre los alcances del tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos (EU), así como sobre el papel que desempeña el gobierno mexicano en este tipo de procedimientos.

De acuerdo con la Dra. Virginia Petrova Georgieva, profesora e investigadora del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México (CDMX), la solicitud presentada por autoridades estadounidenses debe cumplir con requisitos específicos establecidos tanto en el Tratado Bilateral de Extradición como en la Ley de Extradición Internacional mexicana.

La especialista explicó que el artículo 6 del tratado bilateral establece que la extradición solo procede si EU presenta pruebas suficientes y convincentes que permitan acreditar que la persona reclamada probablemente cometió el delito por el cual se le acusa. En este caso, se trataría de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y participación en delitos relacionados con delincuencia organizada y narcotráfico.

Sin embargo, Petrova señaló que el artículo 12 del mismo tratado permite al gobierno mexicano solicitar pruebas adicionales si considera que la evidencia inicial no es suficiente, lo que significa que la falta de pruebas no implica automáticamente una negativa de extradición, sino que abre la posibilidad de ampliar la investigación y fortalecer el expediente.

“Es muy difícil que únicamente por falta de pruebas se niegue una extradición. Siempre existe la posibilidad de pedir información adicional”, explicó.

Indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya recibió la solicitud formal y la turnó a la Fiscalía General de la República (FGR), que será la encargada de analizar las pruebas presentadas. Si se consideran suficientes, acotó que la SRE puede solicitar la detención provisional del acusado y presentarlo ante un juez.

Detalló que el juez revisará si hay causales legales para negar la extradición, como que se trate de un delito político, que exista riesgo de pena de muerte, que ya haya sido juzgado por el mismo delito o que tenga algún fuero especial que impida el proceso. En el caso de Rocha Moya, según la Dra. Petrova, ninguna de estas causales parece aplicar.

No obstante, dijo que la decisión final no corresponde al Poder Judicial, sino al Ejecutivo federal, es decir, a la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de la SRE, quien determinará si procede o no la entrega a EU.

Sobre la supuesta solicitud de detención con fines de extradición por parte de EU contra el gobernador de Sinaloa, refirió que este tipo de procedimientos suelen manejarse con confidencialidad diplomática.

Petrova recordó que el tratado no establece de forma expresa una obligación de secrecía absoluta, y mencionó incluso que México ha hecho públicas otras solicitudes de extradición en casos recientes.

Un elemento relevante es la posibilidad de que autoridades mexicanas hayan participado en la obtención de pruebas contra Rocha Moya. Si esto se confirma, la especialista detalló que entraría en juego el principio de “juzgar o extraditar”, lo que significa que, si México decide no extraditarlo, estaría obligado a procesarlo penalmente en México.

Recordó que México ya ha entregado recientemente a varios narcotraficantes a EU, incluso sin pasar por procedimientos formales de extradición, como parte de la cooperación bilateral en el combate al tráfico de fentanilo y en medio de presiones comerciales y diplomáticas.

“Si el gobierno mexicano participó en la investigación y hay pruebas suficientes, entonces no podría simplemente negar la extradición y dejar el caso sin consecuencias jurídicas”, precisó.